Pensamiento democrático

Un gobierno deberá su existencia al servicio que le preste a su pueblo, este será quien le de la justificación y legalidad. Un gobierno que no tenga el bien común como principio rector de sus aciones no será un gobierno representativo y por consiguiente no será democrático. El hecho de que un gobierno nazca por votación no lo califica como democrático, son sus aciones que le dará su carácter de democrático. Un gobierno es democrático cuando gobierna para todos, tanto para sus adeptos como para sus opositores. Un presidente que sea sectario no es democrático.

España: Víctimas de “robo de bebés” durante dictadura franquista exigen una investigación.

España: Víctimas de “robo de bebés” durante dictadura franquista exigen una investigación. Centenares de bebés robados y vendidos en España 1.500 casos, tres tumbas vacías y ningún imputado por robar bebés Un año después de la primera denuncia colectiva, los fiscales se sienten frustrados.- "Sí, se robaron niños, pero nos faltan pruebas" Las víctimas de un presunto robo y tráfico de bebés iniciado durante la dictadura franquista exigieron que la fiscalía general del Estado español investigue ampliamente una práctica en la que ya se denunciaron más de 1.400 casos. Tres organizaciones de defensa de las familias de bebés robados entregaron una petición con 89.666 firmas a la oficina del Fiscal General del Estado pidiendo que cese el archivo de las denuncias y se reabran los casos cerrados. En el último año se presentaron más de 1.400 denuncias de presuntos robos de recién nacidos a sus madres en maternidades de toda España, según los impulsores de la petición. “Las instituciones siguen permitiendo que se produzca el archivo masivo de nuestras denuncias, en muchos de los casos, sin una investigación exhaustiva”, afirmó la portavoz Soledad Luque Delgado, tras la entrega de la petición. “Sabemos que nadie nos devolverá el tiempo, ni la parte del alma que hemos perdido”, aseguró. “Nadie puede compensar a unos padres que no han visto crecer a sus hijos, ni a los que no hemos podido compartir la vida con un hermano, ni a los que han basado su existencia en una falsa identidad, en una mentira”, agregó. “Pero, por lo menos, nos debería quedar el consuelo de saber la verdad”, agregó Luque, tras una manifestación de decenas de familiares que denuncian el robo de bebés. Anadir, una de las tres organizaciones impulsora de la petición, considera que hasta 300.000 recién nacidos podrían haber sido robados durante la dictadura franquista (1939-75) y hasta finales de los años 80. El Ministerio de Justicia del anterior Gobierno socialista dispuso un banco de ADN gratuito para los afectados por el robo de bebés. “Pero la letra pequeña dice que esas pruebas solo se harán cuando lo ordene una autoridad judicial”, lamenta Antonio Barroso, presidente de Anadir. Como la mayoría de fiscales no tiene con quién comparar el ADN de los padres que acuden a ellos buscando a sus hijos o los hijos que buscan a sus padres, apenas han ordenado análisis en ese banco genético gratuito. Los afectados han recurrido entonces a laboratorios que ante la gran demanda han terminado haciéndose con un banco de ADN privado para casos de niños robados. “Solo en [la empresa] Genómica los afectados han hecho 1.000 pruebas, a 120 euros cada una, 120.000 euros que hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo”, denuncia Barroso. Soledad Luque, promotora de la recogida de firmas contra el archivo de casos, rogó este viernes que el Gobierno se implique más “para resarcir un daño del que mundo entero se está escandalizando y del que nuestro Estado, sea cual sea el partido que gobierne, debería avergonzarse”. En vigor de un decreto de 1940, el Estado español podía quitar la custodia a las familias si consideraba que la “educación moral” de los niños estaba amenazada. El decreto permitía así a la dictadura separar a los niños de las mujeres encarceladas del bando republicano, que perdió la Guerra Civil, y entregarlos a órdenes católicas o darlos ilegalmente para adopción. Al término del franquismo en 1975, los responsables de algunas clínicas vieron la posibilidad de hacer negocio vendiéndolos a familias que no podían tener hijos. El 27 de enero de 2012 mas de 200 personas piden a la puerta de la fiscalía que investigue el robo de niños durante el franquismo. Los familiares piden que se investiguen casos desde 1950 hasta los años noventa. "Me vendieron por 200.000 pesetas, de las de entonces", declaró una mujer de 45 años. Y esto sucede en un país desarrollado, culto y muy católico, lo cuenta N. Junquera, así como en medios de comunicación de España. Se sabía, se sospechaba pero nadie se atrevía a hablar.  Porque se empeñan en enterrar la memoria histórica, la que revela la impunidad de los crímenes cometidos durante el franquismo, régimen dictatorial que duró 40 años con la complicidad manifiesta de la jerarquía católica y del Vaticano, que hoy denuncian y piden partidos políticos que condenen las leyes del matrimonio civil, del aborto, de la unión entre personas del mismo sexo, los medios anticonceptivos y las escuelas mixtas. Por razones morales, dicen.  Durante la dictadura se cometieron crímenes cometidos por médicos, enfermeras, curas y monjas que, en los hospitales, les decían a las madres que “sus hijos habían nacido muertos”, y luego los vendían al mejor postor.  Esto se había hecho sistemáticamente en las prisiones de mujeres que entraban embarazadas, pero que por ser “rojas” era más conveniente dar sus hijos en adopción a matrimonios católicos.   Fiscal General del Estado tiene sobre su mesa una denuncia por 261 casos ocurridos en distintas oleadas desde 1950. La Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Irregulares (Anadir) ha decidido acudir al fiscal con la esperanza de que abra una causa que les permita encontrar a las madres, hijos y hermanos que buscan.  Entre los manifestantes estaba Josefa Berdejo, que busca a una de las gemelas que dio a luz en 1976 en la clínica 20 de Noviembre de Alicante. "Dijeron que había muerto pero nunca vimos el cadáver. Dijeron que era mejor. Pero yo siempre he tenido esa pena".  “Hay muchos más, que irán adhiriéndose a la denuncia”, augura el abogado Enrique Vila. “La mayoría, unos 80 casos, ocurrieron en Madrid, pero también hay muchos en otras comunidades”.  En la denuncia se argumenta que existen indicios de los delitos de tráfico de niños, falsificación de documento público, suposición de parto (simular haber dado a luz a un niño vivo) y secuestro y detención ilegal, que no prescriben.  Existe un listado de las pruebas que podrían presentar al fiscal, como partidas de nacimiento y defunción falsificadas, y los testimonios de una enfermera que trabajó en la Clínica San Ramón (Madrid) y asegura que la venta de niños era habitual allí; un funerario de Málaga que relata cómo rellenaba los pequeños ataúdes que le llegaban vacíos de algunas maternidades; una mujer que confiesa haber comprado una niña en un parque de Melilla en 1979 y otra que cuenta cómo le dijeron que fingiera un embarazo antes de regalarle un bebé.  En una clínica que fue cerrada en 1981 después de que Interviú publicara la estremecedora fotografía de un bebé muerto. La misma fotografía que durante años enseñaron a las madres de niños robados para explicarles por qué no podían llevarse a casa al bebé al que acababan de dar a luz.  Los precios iban de las 50.000 pesetas en los años cincuenta hasta un máximo de un millón, prosigue el abogado. “Es cierto que el origen, cuando le quitaban los hijos a las republicanas, es una depuración política, pero eso es sólo el origen, unos 30.000 casos, según el juez Garzón. Nosotros pensamos que puede haber cientos de miles porque esto siguió muchos años después como negocio".  La mayoría de los casos se produjeron a finales de los setenta. Hasta 1987, cuando se cambió la ley, la Administración apenas tenía control sobre las adopciones, lo que favorecía el poder de los médicos para amañar la venta de bebés, explica el abogado Vila. El presidente de la Asociación, Antonio Barroso, afirma que el objetivo de la denuncia es conocer la verdad. Por eso piden al Fiscal General que "como poder judicial se dirija al Ejecutivo y le pida un banco de ADN para los afectados". "Los hijos robados buscan su origen, y las madres, a sus hijos y un castigo a los culpables. Debería haberse investigado mucho antes. Si el Fiscal General dice que esto ha prescrito, iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", denuncian los afectados. Lo más indignante era la participación de monjas y de curas en este tráfico de bebés, a cambio de dinero.  Con el mismo sistema: engaño a la madre asegurándole que su bebé ha muerto, búsqueda de compradores, pago, e inscripción como hijo propio.